Para liberar las arras, la ley estatal exige una liberación firmada, una orden judicial o una mediación. Esta ley protege al agente inmobiliario de verse envuelto en la disputa, ya que no puede elegir un bando y liberar el dinero. La mejor práctica es no hacer promesas en cuanto a la disposición del dinero, ya que no se sabe cómo fallará el tribunal. Además, como no es un abogado autorizado, no aconseje al cliente sobre las acciones legales que debe emprender. Tampoco puede representar al cliente como abogado ni ser su portavoz en el tribunal. Sólo puede comparecer como testigo de los hechos.
Remitir al cliente al apartado 4D del contrato, en el que se afirma que negarse por error a liberar las arras puede obligarle a pagar los honorarios de los abogados de la otra parte y las costas judiciales, suele tener un efecto positivo en la resolución. Es mucho más barato para las partes negociar una resolución justa que acudir a los tribunales.
Por último, no confunda el depósito de seguridad no reembolsable de un constructor con la fianza. Dependiendo de las condiciones del contrato, el depósito de garantía suele ganarse en el momento del contrato porque el constructor adopta una posición perjudicial, como la selección de acabados únicos o la priorización de la finalización de una casa sobre otra. Por lo tanto, los depósitos de seguridad del constructor pueden no ser reembolsables ni estar sujetos a las normas de las arras.